Nuestra sociedad ha cambiado de manera radical a raíz de la aparición del COVID-19.
Muestra de ello, es el confinamiento que a toda la ciudadanía le ha afectado por igual, salvo las excepciones que se recogieron en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como el resto de excepciones que se han ido recogiendo posteriormente.
Hemos pasado de una sociedad totalmente individualista a una sociedad en la que existen serias responsabilidades colectivas, principalmente ligadas en la actualidad a la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
Pero no ha sido fácil adquirir esta responsabilidad colectiva tras el estado de alarma, aunque se haya publicado diversa normativa como la que a continuación se destaca:
- El Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (a nivel estatal).
- ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad (a nivel de la comunidad autónoma de Euskadi).
No ha sido suficiente con la normativa establecida para evitar los rebrotes que han existido, lo cual ha llevado a restringir aún más la normativa vigente, estableciendo la obligatoriedad del uso de la mascarilla a través de la ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, que modifica la ORDEN de 18 de junio de 2020 anteriormente citada.
Debemos ser conscientes de que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando ante una clara limitación de nuestras libertades, las cuales se fundamentan en la protección de la salud pública de la ciudadanía. Pero lógicamente, estas restricciones de nuestras libertades individuales tienen límites ya que deben ser proporcionales, cuestión esta que será garantizada por los tribunales de justicia.
Muchas son las sanciones impuestas a la ciudadanía por incumplir las restricciones asociadas al COVID-19, y no todas son ajustadas a derecho. Es decir, muchas de ellas no tienen sustento legal, por lo que son perfectamente recurribles.
Ante sanciones ligadas a las restricciones establecidas con relación al COVID-19, asesórate y recurre.